Después de las elecciones del domingo, conocidos los resultados, nos corresponde trabajar con esmero y entusiasmo para construir el país competitivo, prospero, equitativo y libre que tanto anhelamos. Todas las fuerzas de este país deben conjugarse para poner en operación las reformas fundamentales que necesitamos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) requerimos reformas urgentes en por lo menos quince áreas: Mercado laboral; comercio y evolución de la política comercial; agricultura; sistema impositivo; proceso presupuestario y eficacia del sector público; política de regulación; adquisiciones en la salud y energía; competencia; pobreza y desigualdad; educación; innovación, ciencia y tecnología; medio ambiente y crecimiento verde; energía nuclear; salud y medición del bienestar. A la anterior lista agrego seguridad y justicia.
Un buen punto de partida para desarrollar al país consiste en estar de acuerdo con la agenda de reformas, como especialista considero que lo que necesitamos es construir un sistema fiscal robusto, ágil y capaz de reducir las disparidades; un proceso presupuestario enfocado en el mediano y largo plazo, un marco laboral flexible que facilite los procesos de contratación y despido; reglamentos e incentivos para el fomento de la competencia económica; un sistema educativo público y privado de primera; un sistema nacional de innovación y de creadores; una cultura ecológica; salud integral para todos; combate a la corrupción personal y burocrática; nuevos instrumentos para la medición del bienestar y un adecuado marco legal y promoción autentica de la justicia.
Mucho de lo anterior fue mencionado en las campañas presidenciales por los distintos contendientes, ahora se requiere que el ganador cumpla sus promesas y los perdedores le ayuden a cumplirlas, sé que suena inocente, pero eso es lo que requerimos, del consenso de todos los actores para dejar atrás nuestro pasado de tropiezos, fracasos y subdesarrollo. Llegó el momento de dar el salto y situarnos como una potencia económica y una nación líder en la promoción del bienestar ciudadano.
En los últimos treinta años la falta de acuerdos, las diferencias, las incompetencias y la corrupción han provocado que nuestra economía sea incapaz de crecer a las tasas que necesita para generar empleos e ingresos. Para volver a crecer se necesita incrementar nuestra productividad, para lo cual es vital mejorar la regulación empresarial, fomentar la competencia y elevar la calidad de la educación.
Respecto a la competencia, particularmente preocupante es la concentración oligopólica en los sectores de las telecomunicaciones y la energía, la que se espera reducir con la reforma de 2011, habrá que esperar para ver los resultados. En los otros dos ámbitos el rezago es mayor. Las cargas administrativas para las empresas son excesivas, México es el quinto país con el mayor número de regulaciones a la iniciativa privada en la OCDE y el séptimo en términos de costos como porcentaje del ingreso per cápita para iniciar una empresa. En materia de educación, son conocidas las deficiencias con las que salimos de las escuelas, especialmente públicas, las que no tienen la infraestructura necesaria, no cuentan con profesores bien capacitados, detienen constantemente sus actividades y carecen hasta el momento de un sistema de evaluación y monitoreo que permita mejorar los resultados. Sin competencia en todos los sectores, con regulaciones excesivas y baja calidad educativa, la productividad seguirá por debajo de los mejores estándares internacionales y seguiremos participando en el mercado internacional sobre la base de abundancia de mano de obra y bajos salarios.
Establecido lo anterior, en lo que sigue quisiera mencionar algunos cambios o reformas necesarias en las primeras cuatro áreas que mencioné en el párrafo inicial de este artículo: Mercado laboral, política comercial, agricultura y sistema impositivo. En las siguientes entregas estaré abordando las áreas restantes. Con esto espero animar la discusión y la generación de ideas que contribuyan a nuestro desarrollo.
Respecto al mercado laboral, quiero resaltar dos problemas que se enfrentan en México: el primero es que este país es el único de la OCDE que no cuenta con un seguro del desempleo, lo que no ayuda a la recuperación de la economía en caso de recesiones; el segundo es que la economía opera con una ley laboral que data de 1960, lo que le resta competitividad, flexibilidad y capacidad de crecimiento.
En función de lo anterior, es recomendable que se cree un seguro del desempleo para los trabajadores formales, el cual puede constituirse a partir de aportaciones voluntarias de los trabajadores, obligatorias por parte del empleador y una suma destinada por el gobierno federal, en función del tiempo que el empleado lleva contratado. Respecto al marco legal, debe crearse una nueva ley, en la que se amplié el alcance de los contratos a corto plazo y el trabajo a tiempo parcial. Introducir nuevos tipos de contratos laborales de capacitación, tales como los de aprendiz. Permitir una fácil contratación y despido. Fomentar la competencia sindical e implantar periodos de prueba, siempre que se diseñen de tal manera que faciliten la transformación de los contratos temporales en contratos de trabajo a largo plazo y se prevenga su uso indebido.
En lo que se refiere a comercio exterior el país ha hecho relativamente bien las cosas, nuestro comercio ha crecido notablemente durante las últimas décadas y junto con la inversión extranjera directa (IED) es una parte importante del PIB. Los sectores de la exportación y de la IED figuran entre las principales fuentes de nuevos empleos en el centro y norte del país. Desde mediados de la década de 1990, la participación de México en las exportaciones mundiales de bienes ha sido superior a su participación en el PIB mundial. El país se encuentra en la selecta lista de los veinte países con el mayor volumen de exportaciones del planeta.
Las recomendaciones en esta materia son: Continuar con el proceso de liberalización del mercado, esto mejorará la competitividad de las industrias nacionales por la vía de insumos importados más baratos e incorporación tecnológica que permite consolidar nuestra posición exportadora. Además, deben reducirse las barreras a la participación extranjera en los sectores de telecomunicaciones y transportes, reduciendo también las barreras a la competencia. Junto a la profundización de la liberalización debe consolidarse el sector educativo, el esfuerzo innovador y la creación de infraestructura.
Paso al sector agropecuario y le informo que este sector representa el 3.8% del PIB mexicano y emplea al 13.1% de la población económicamente activa, con lo que es un sector de importancia para nuestro desarrollo. Desafortunadamente la política pública dirigida a este sector ha fracasado y su productividad es una de las más bajas de la economía, hoy somos importadores netos de productos agroalimentarios, en 2010 se tuvo un déficit de 3,600 millones de dólares.
En este sector se requiere una reforma que atienda la inversión en infraestructura e innovación, alejarse de los subsidios a los insumos variables y de las medidas relacionadas con los precios, con el objetivo de mejorar el rendimiento y competitividad. También se debe reconocer la existencia de dos sectores agropecuarios: el de subsistencia y el capitalista, el primero requiere un trato especial y no debe ser considerado similar al segundo, en el primero los apoyos deben enfocarse al incremento de los ingresos de los campesinos y en el segundo al fortalecimiento de las exportaciones. Adicional a lo anterior, se debe reforzar la coherencia entre las políticas agropecuarias y los objetivos medioambientales.
Para lograr que las actividades de fomento al desarrollo sean una realidad se requiere de la presencia del Estado y ello implica contar con fuentes sanas de financiamiento. El problema es que nuestra recaudación de impuestos con relación al PIB sigue estando por debajo del promedio de la OCDE y tenemos una gran dependencia de los ingresos petroleros. En función de lo mencionado, se requiere de una reforma integral del sistema hacendario que mejore la administración tributaria y aumente la base gravable. La meta debe ser elevar la recaudación, reducir las distorsiones sobre la economía, enfocarse en los grupos de más altos ingresos y distribuir adecuadamente lo recaudado entre los estados que componen la federación.
Resumiendo, México necesita impulsar reformas fundamentales en por los menos dieciséis áreas, se cuenta con seis años para hacerlas realidad. No llevarlas a cabo nos condenaría al subdesarrollo. La nueva administración federal tiene la responsabilidad de iniciarlas. En mis próximas entregas reseñaré los cambios necesarios en los ámbitos restantes.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
