Democracia plural y equitativa: Martín Vásquez Villanueva

30-mvvA menos de dos semanas de las llamadas elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados del Congreso Federal, es importante destacar que estamos ante el proceso electoral más plural, competitivo, profesional y equitativo de la historia nacional. Hoy la población mexicana tiene una democracia cabalmente representativa y ciudadanizada, con independencia de los resultados que finalmente emerjan. Hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en los saldos de cada contienda específica, como corresponde a un sistema transparente, autónomo y sin dados cargados.

Es el producto de sucesivas reformas electorales para consolidar y al mismo tiempo oxigenar el sistema de partidos, la última reforma de las cuales, mayo del 2014, fijó nuevas reglas e introdujo nuevos paradigmas al sistema electoral. Se conjugó la voluntad modernizadora del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el ánimo coincidente de las principales fuerzas políticas de esta fecunda XLII Legislatura para abrir la competencia a nuevos actores, una ciudadanía sin partido, fortalecer al árbitro electoral nacional, regular las campañas políticas y, en general, dar más poder a los depositarios originales de la soberanía, el electorado.

Las nuevas reglas están plasmadas en la Constitución General de la República, en dos leyes secundarias de nueva creación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y en tres normas modificadas: la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al amparo de las reformas sucesivas, hemos pasado paulatinamente del viejo sistema vertical y presidencialista, en donde las elecciones sólo convalidaban y daban formalidad legal a decisiones previamente tomadas desde el poder, a un sistema abierto y equitativo, fiscalizado como nunca, para garantizar el respeto a la voluntad ciudadana, su mandato en las urnas. La nota dominante de estas elecciones no es la ratificación o la recomposición de fuerzas parlamentarias, sino las nuevas reglas de una democracia competitiva, en donde los partidos han dejado de tener el monopolio de la representación política.

Entre los nuevos cambios a la Constitución y a la legislación electoral reglamentaria, destacan las siguientes reformas:

La plena equidad de género, mujeres y hombres en una proporción 50-50, en la confección de la lista de candidatos a diputados y en su momento a senadores, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, una iniciativa presidencial apoyada por amplio consenso en ambas cámaras legislativas. La equidad incluye a propietarios y suplentes para evitar el deplorable y ofensivo fenómeno coloquialmente conocido como “las juanitas”, una burla a la ley y un escarnio a las propias personas afectadas.

Las candidaturas independientes, una demanda ancestral y una asignatura pendiente hoy saldada en las reglas del juego de la democracia mexicana. El fin de la partidocracia, que vulneraba los derechos humanos y los derechos ciudadanos, según dictaminaron en su momento organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante quejas de particulares vulnerados en sus derechos políticos.

La creación de un órgano genuinamente nacional para conducir los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral, INE, con facultades de intervención, atracción y supervisión de procesos locales. Entre esas facultades destaca la de nombrar a los consejeros electorales de los institutos electorales de las entidades. El INE también tendrá facultades para remover a los consejeros electorales de las entidades. Podrá hacerlo por siete causas, como tener “conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral” o “tener notoria negligencia, ineptitud o descuido” en el desempeño de sus funciones.

La nueva legislación también modificó la forma en la que el árbitro electoral fiscalizará los recursos de partidos y candidatos, dando mayor agilidad y oportunidad a esos ejercicios: ahora cuando haya contiendas la unidad técnica debe monitorear los gastos de los competidores simultáneamente al desarrollo de los comicios y rendirá el informe en un plazo de un mes. Esos cambios permitirán que sea más rigurosa la fiscalización de los gastos de las fuerzas políticas.

En materia de financiamiento, los recursos de origen público seguirán siendo los predominantes y en lo relativo al financiamiento privado, ahora se prohíbe que los partidos puedan recibir donaciones de gobiernos, poderes Legislativo o Judicial, órganos autónomos, organismos internacionales, personas que vivan en el extranjero o personas morales (empresas o asociaciones).

Mesas directivas de casilla. El Congreso también aprobó una reforma para que cuando se realicen elecciones concurrentes —es decir, federales y locales en una misma fecha— sólo haya una mesa directiva de casilla, en lugar de dos. Ésta se integrará por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes. Esta medida permitirá reducir los gastos en la organización de los comicios.

No quiero concluir esta reflexión sin invitar a ustedes, estimados lectores, que en el diálogo y el contraste de ideas han forjado esta nueva cultura democrática, a la conferencia magistral que el próximo viernes 29 dictará el connotado historiador Enrique Florescano, especialista en las civilizaciones que florecieron en Mesoamérica, en el marco del ciclo de conferencias “Oaxaca en el Debate Nacional”. La cita es en la biblioteca Burgoa, del Centro Cultural Santo Domingo.

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