Integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, a través de una carta enviada al gobernador Gabino Cué Monteagudo, manifestaron su preocupación porque la mayoría de funcionarios que hoy desde su gobierno llevan el caso Chimalapas colaboraron en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano.
Refieren que entonces actuaron totalmente en contra, no sólo de la lucha comunal, sino en contra de este Comité Nacional y de sus principales integrantes, desatando entre 1996 y 2000, una campaña pública de difamación y hostigamiento, y una labor de división comunitaria, “la cual tenemos perfectamente documentada”.
“Y ahora que usted y su gobierno habían empezado a demostrar interés en, verdadera y genuinamente, apoyar esta legítima lucha comunal, elaborando y sometiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con fecha 29 de noviembre 2012- una controversia constitucional, por la impune invasión de más de 160 mil hectáreas de soberanía estatal, vemos con suma preocupación, cómo la mayoría de funcionarios que hoy desde su gobierno llevan el caso Chimalapas, colaboraron en el gobierno de Diódoro Carrasco”, puntualiza el Comité en su carta signada por intelectuales, artistas, investigadores y periodistas.
Sin mencionar nombres señalan que “Más grave aún es para nosotros ver qué hoy día, la gestión jurídica de un tema tan delicado y definitorio, como lo es la Controversia Constitucional, esté a cargo –igual, desde su gobierno- de quien (como les consta a comuneros chimas y a integrantes de este Comité Nacional) en septiembre/octubre de 2012, se opuso y denostó la utilización de ese importantísimo recurso (la iglesia en manos de Lutero)”.
El Comité, con más de 22 años de fundado, refiere que durante ese periodo “hemos visto cómo, los diferentes gobernadores de Oaxaca -salvo quizá muy tibiamente, los gobiernos de Vázquez Colmenares y de Heladio Ramírez- no sólo habían hecho caso omiso a los justos reclamos y demandas de los Chimalapas y de este propio Comité, exigiendo tanto la solución agraria definitiva, como el cese de la impune invasión estatal de parte de los sucesivos gobiernos chiapanecos, encubriendo así los ilegítimos intereses de madereros, ganaderos y latifundistas, sino que incluso, habían atacado y hostigado a quienes insistíamos en dichos reclamos (comuneros y sociedad civil)”.
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