La Suprema Corte de Justicia rechazó discutir de nuevo el tema de la evaluación educativa, y otras impugnaciones de la CNTE contra la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Después de revisar amparos promovidos por maestros para detectar si contenían temas jurídicos novedosos, la presidencia de la Corte determinó el 11 de septiembre que se trata de los mismos cuestionamientos que ya fueron desechados durante sesiones que sostuvo máximo tribunal de junio y julio pasados.
En consecuencia, los amparos serán devueltos a tribunales colegiados de circuito para que apliquen jurisprudencia de la Corte, que declaró constitucional la evaluación a maestros, así como las consecuencias para quienes no la aprueben, entre otros temas.
El pasado 22 de junio, cuando el pleno de la Corte se disponía a iniciar la discusión de los primeros amparos, el líder de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, Rubén Núñez, pidió a los ministros atraer nueve recursos de revisión que estaban en dos tribunales colegiados de circuito de Puebla.
Según la CNTE, dichos recursos permitirían un mejor estudio del reclamo de los maestros contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues en las sentencias de junio y julio la Corte no hizo un pronunciamiento expreso sobre violación al derecho humano a la igualdad jurídica.
Pero el ministro presidente, Luis María Aguilar, determinó que los 11 argumentos de inconstitucionalidad contenidos en estos amparos ya fueron revisados, y no es necesario estudiar el tema de igualdad jurídica, pues ya hay múltiples precedentes que sí fueron aplicados al resolver que no se viola el derecho de los maestros a la estabilidad en el empleo.
“No todo tratamiento jurídico diferenciado es violatorio del principio de igualdad, sino cuando carece de una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, estándares que fueron aplicados por este alto tribunal en el análisis de la violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo”, resolvió Aguilar.
La Corte discutirá en los próximos días siete controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal, para impugnar diversos aspectos de leyes educativas estatales, así como la omisión absoluta del Estado de Oaxaca para reglamentar la reforma constitucional de 2013 en la materia.
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