De acuerdo con el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza estaría violando sus principios: la fracción 3 del artículo 12 establece claramente que “al momento de asumir sus funciones, el secretario ejecutivo se comprometerá a no representar a víctimas”.
Pero Álvarez Icaza, resentido porque el presidente Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, no le cumplió el compromiso de apoyarlo para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en 2009, no ha hecho más que convertir a la CIDH en un ariete de víctimas contra el Estado mexicano y sus autoridades.
Y ahora quiere nada menos que ser juez y parte; Álvarez Icaza está presionando para que el gobierno mexicano y los padres de los 43 normalistas secuestrados y asesinados por el alcalde perredista en Iguala, José Luis Abarca, lo designen como tercero para mediar entre el gobierno mexicano y la CIDH, sólo que con el agravante de que Álvarez Icaza está detrás del contenido político del dictamen del grupo especial de la CIDH. De aceptar, entonces el gobierno mexicano será crucificado por la CIDH.
Detrás de la designación de Álvarez Icaza se localiza una operación política impulsada desde los sectores de seguridad nacional de EE.UU. La propuesta de Álvarez Icaza como secretario ejecutivo fue promovida en el 2012 por el presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez. Álvarez Icaza suplió como secretario ejecutivo al argentino Santiago Cantón, quien fue prácticamente destituido por presión de Venezuela porque había apoyado en el 2002 al general golpista que quiso derrocar a Hugo Chávez. El activismo político de la CIDH servía a los intereses estratégicos y de seguridad nacional de EE.UU. que no quería a Chávez como presidente, además de que Washington participó con apoyo a los golpistas.
Álvarez Icaza llegó a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH con el rechazo de algunos países por la sencilla razón de que no es abogado sino sociólogo; sin embargo, los intereses de Washington necesitaban justamente no a un abogado sino un sociólogo en funciones prácticas de politólogo; los criterios jurídicos en las investigaciones deben ser procesales y periciales, en tanto que el reporte de la CIDH sobre el asesinato de los normalistas fue más político y activista que jurídico.
Si en su biografía profesional destacaba su papel activo en el movimiento por la paz del poeta Javier Sicilia en contra del Estado por el asesinato de su hijo a manos de sicarios de narcos por un pleito de cantina, en su carta de acreditación para competir por el cargo Álvarez Icaza se cuidó de no mencionar su activismo ni sus textos contra el gobierno de Calderón por la estrategia de seguridad. Sus promotores en la CIDH también ocultaron ese activismo porque hubiera sido un argumento para excluirlo.
Como Venezuela, México se localiza en la lógica de los intereses geopolíticos estadunidenses. Y por el papel de principal aportador de recursos a la OEA, y por tanto a la CIDH, el gobierno de EE.UU. tiene la capacidad de influir en nombramientos. En este contexto, Washington ha querido anular la estrategia de seguridad mexicana para aumentar la asesoría militar en la lucha contra los cárteles transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado. La tarea de Álvarez Icaza ha sido la de dinamitar los esfuerzos de seguridad de México.
Sólo para sus ojos:
- En Los Pinos se formó un equipo especial de seguimiento de la comparecencia de varios secretarios del gabinete, pero sólo los que aparecen en la lista de aspirantes a la presidencia 2018.
- La política fiscal entrará en una zona de crisis, pero dentro del grupo gobernante: la bancada priísta en la Cámara y Hacienda de Videgaray se niegan a hacer reformas, en tanto que el PRI de Beltrones está al lado de empresarios. El 2018 a todo vapor.
- Más que en área de penales, donde hay nerviosismo por las indagaciones sobre la fuga de El Chapo es en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y dicen que habrá una escoba severa.
- La violencia de normalistas en las carreteras y en instalaciones en Acapulco en nada aboban a los padres de los 43. Pero es la hora en que las autoridades no han investigado la penetración del narco y la guerrilla en la Normal de Ayotzinapa, que, por cierto, se financia con dinero público pero a nadie rinden cuentas.
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