Candidatos independientes: reglas para contenerlos: Raúl Castellanos

Sin duda, la democracia a la mexicana presenta graves déficits. Desde el 89 del siglo pasado se han sucedido una y otra reforma electoral que supuestamente mejoraron la calidad y transparentaron las reglas del juego electoral. El reclamo del “fraude electoral” cometido en la propia casilla, en los traslados de la paquetería o en los mismos organismos electorales que en el 88 alcanzó su máximo histórico dejó de ser recurrente. En esa elección el fraude fue generalizado. Recuerdo el caso de un conocido operador político que cayó –de caerse- de una azotea donde tenían las actas de casilla revisándolas y “corrigiéndolas”. Y qué decir de la misma operación, aunque más sofisticada y cuidadosa, que se realizó en los mismos sótanos de Bucareli, donde sesionaba la Comisión Federal Electoral.

Luego vinieron varias reformas más que en efecto incidieron en las condiciones de la competencia. A partir de este siglo se sucedieron otras muchas más que en algunos casos fueron meras ocurrencias y otras respondían a reclamos de actores y sectores sociales; en este último rubro se inscribe el reconocimiento e inclusión en las boletas electorales de los candidatos independientes. Sin embargo (y ello es lo lamentable), en contraste con las reformas que deberían contribuir a consolidar una mayor y mejor democracia, las reformas se convirtieron en patrimonio y rehenes de la partidocracia, que a través de ellas sólo busca la forma de mantener el monopolio de candidaturas, financiamiento y demás prerrogativas.

A lo anterior hay que agregar el terrible deterioro moral, político, social y de credibilidad de la llamada “clase política”; enfrascada en sus luchas intestinas y en una campal de todos contra todos con el objeto de preservar cotos de poder al interior de sus partidos, hacerse de prebendas y joder al de enfrente con el único fin de supuestamente -en su infantilismo- “ganar posiciones” de cara al proceso electoral ya en curso; sin importarles el daño que puedan infringir a las Instituciones y a quienes en mala hora dicen representar. Ejemplos sobran, citaríamos tres botones de muestra que nos dibujan en todo su esplendor el “nivel” del poder legislativo que padecemos –asumiendo que en los Ejecutivos, Federal y la mayor parte de estatales y en menor medida en el Judicial, no cantan mal las rancheras-.

En el Senado es evidente el interés de parte de los partidos “frentistas” y no frentistas, opositores al PRI después de fracasar en su intento de revertir la destitución del Titular de la FEPADE, Santiago Nieto; de forzar la elección de un Fiscal a “modo” dícese a la medida de sus intereses, como lo fue el anterior que surgió de las filas de asesores de la bancada perredista. Para ello, recurriendo al manido recurso de romper el quórum, no ha sido posible ni siquiera lanzar la convocatoria respectiva, con el consecuente daño al proceso electoral en su conjunto; ironías por no decir inmoralidad política de quienes deberían de ser garantes de una elección que por el nivel de rispidez con el que ya se desarrolla en sus prolegómenos corre el riesgo de salirse de control.

Los otros dos casos son dignos del peor teatro callejero y del estadio Azteca. En la ALDF se discutía la afectación de cantidades remanentes de las participaciones federales para la construcción de una planta de termovalorización –alguien me dijo ¿Qué chingaos es eso?- cuando la diputada de Morena Ivonne Morales sin haber cubierto el trámite ante Servicios Parlamentarios presentó una moción suspensiva; de inmediato “ardió Donceles”; los morenistas tomaron la tribuna, el resto intentó desalojarlos y romperles sus pancartas –algunas con notables faltas de ortografía-; las diputadas Rebeca Peralta –PRD- y María Eugenia Lozano –Morena- comenzaron –literal- a desgreñarse, léase “jalarse de los pelos”, como en cualquier disputa por un espacio en un mercado; otra –diputada- de Morena, Citlalli Hernández acusaba rasguños producidos –según su versión- por la diputada Nury Delia Ruiz Ovando de Movimiento Ciudadano. Y ya como fin de fiesta ahí quedan los gritos –tres veces- de “putoooooooo” dedicados por distinguidas diputadas priistas a un diputado de Morena en San Lázaro, quien desde la tribuna más alta del país les lanzaba besos encriptados.

Es en este contexto tan degradante, o quizá por ello, que en el actual proceso electoral han surgido más, muchos más candidatos independientes; en algunos casos producto de las pugnas internas de los partidos y de ambiciones desbordadas; y en otros –los menos- como una autentica manifestación del hastío ciudadano frente a los partidos políticos, sus “líderes” y sus “formas” de hacer y entender el arte de la política. Candidatos, que al margen de la simpatía u opinión que nos merezcan, se han encontrado con otro “traje a la medida” de las conveniencias de los partidos para dificultar, ya no digamos su inclusión en la boleta electoral, sino simplemente alcanzar el registro para competir. Competencia, que de alcanzarse se dará en condiciones de desigualdad total.

Si bien hay ejemplos de candidatos independientes que han logrado llegar a la boleta y triunfar en las urnas a nivel estatal o municipal; algunos con auténtica solvencia moral, política y mayor imaginación como Pedro Kumamoto en Zapopan y Armando Cabada en Ciudad Juárez; y otro con el apoyo de poderes facticos, en “cash”, estructura y medios de comunicación, El Bronco en Nuevo León, son la excepción a la regla. Al día de hoy, se advierte complicado que más de dos o tres candidatos independientes, a la presidencia, el senado o a diputados federales reúnan las firmas necesarias para validar sus candidaturas.
Y qué decir de aquellos que intenten serlo a diputados locales o presidentes municipales en los 27 estados que recién arrancaron tal proceso con la expedición de las convocatorias respectivas; convocatorias que son todo un tratado de trabas y recursos legaloides para impedir o por lo menos limitar la participación; desde la formación de las A.C. –Asociaciones Civiles- que deben respaldarlos hasta el andamiaje técnico que deberán montar para cubrir el requisito de recabar firmas por sección electoral, mínimo del 1% para alcanzar en lo global el 2%, incluyendo los demás requisitos y ya no digamos los recursos –el “cash”- necesario, que además de estar limitado por las reglas será auditado con lupa.

En conclusión, ¿cómo quedará nuestra democracia al final del proceso en curso? Cuando es evidente que en el caso de los candidatos independientes, al margen de fobias y filias, la inequidad en las condiciones de la competencia es absoluta. Inequidad que hay que decirlo con claridad no es responsabilidad del INE ni de los institutos electorales locales, sino de los legisladores que atendiendo a los intereses de sus partidos pusieron las reglas que el árbitro electoral está obligado a hacer valer. Es obvio que los partidos políticos imponen barreras a la participación ciudadana con el afán de preservar el monopolio de la representatividad. Lo cual no sería tan grave si los partidos o sus candidatos fueran canales eficientes de representatividad y no franquicias de intereses personales y de grupos –incluso fácticos- y –además- enajenadas de la realidad.

En estas condiciones, ¿vale la pena ser candidato independiente? Es pregunta.

¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?

RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh

https://youtu.be/RcuqElsLfp4

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