Aprueba Ayuntamiento Capitalino acciones para reducir el consumo de popotes

* Debido al fuerte impacto nocivo que tienen sobre el medio ambiente  y la ecología.

* Se instruirá a las dependencias correspondientes a realizar campañas para desincentivar el uso de estos implementos.

 

A propuesta de la Regiduría de Ecología y Grupos Vulnerables, el Cabildo Municipal aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se instruye a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología que establezca en el ámbito de su competencia, un programa municipal para crear conciencia en la población oaxaqueña sobre los daños que genera al ambiente el uso de popotes de plástico.

De acuerdo con la concejal, María Elena Martínez Arnaud, estos implementos tienen un fuerte impacto en el ambiente ya que tienen un periodo de vida útil muy corto y tardan de 100 a 500 años en desintegrarse.

Además, si son arrojados a la basura pueden llegar a ríos, lagos y mares con lo que se afecta gravemente los ecosistemas y las especies, pues además no son reciclables.

A nivel nacional ya han surgido diversas iniciativas tendientes a desincentivar el uso de los popotes de plástico y en días pasados, el pleno de la Cámara de Diputados Federal aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de disminuir el uso de las pajillas en establecimientos de alimentos y bebidas.

A esta iniciativa, se sumó el edil José Antonio Hernández Fraguas, quien consideró remitir copia simple de dicho punto de acuerdo a los prestadores de servicio que con razón de su actividad comercial utilicen popotes.

De esta manera, también se instruye a la Dirección General de Economía para que en el ámbito de su competencia concilie con el sector empresarial de los alimentos y bebidas, así como de proyecciones cinematográficas para que se desincentive el uso de popotes en este tipo de establecimientos.

De esta manera, se observa y da cumplimiento al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo quinto párrafo, queda establecida como garantía constitucional que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

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