En 2009, el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, aun dentro del PRD, registraba ya las pugnas entre facciones –las llamadas tribus—que disputaban posiciones. Iztapalapa se convirtió en territorio de guerra interna donde el hoy presidente pretendía dejar como candidata a jefa delegacional a Clara Brugada mientras la corriente “Nueva Izquierda”, impulsaba a Silvia Oliva Fragoso.
Aunque Brugada ganó la candidatura, Oliva impugnó y el tribunal electoral le dio la razón. Los tiempos legales estaban rebasados, así que López Obrador decidió apoyar a un personaje peculiar, Rafael Acosta Ángeles, apodado “Juanito”, candidato del PT sin posibilidades, a condición de que renunciara una vez ganara la elección y dejara en su lugar a Brugada. Para concretarlo, el hoy presidente electo, encabezó un acto de compromiso, una solemnidad.
Desde aquel episodio, en el argot político se comenzó a llamar a todos aquellos que simulaban ir a una elección para luego dejar a otro en el cargo adquirido por la vía del voto, como “Juanitos”, la forma con la que, antes de la última reforma electoral, fue ampliamente practicada por los partidos para sacarle la vuelta a disposiciones de equidad de género.
Para la elección del pasado 1 de julio, la coalición “Juntos Haremos Historia”, postuló a cargos de elección popular a personalidades que, desde antes de asumir sus respectivas candidaturas, ya estaban anunciadas como integrantes del gabinete que, de ganar la elección tendrían una posición en el gobierno entrante.
El caso más destacado, por la importancia del cargo que ocupará, es el de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte que se desempeñará como secretaria de Gobernación, por lo que no asumirá su escaño senatorial obtenido por lista.
A ella se suma, también senador por lista, el expanista Germán Martínez Cazares, quien fue anunciado como director del IMSS, así como los diputados plurinominales que no llegarán a ocupar su curul, Tatiana Clouthier, que será subsecretaria de Gobernación y Horacio Duarte, que será subsecretario del Trabajo.
Los casos más llamativos son los de aquellos que luego de haber realizado campaña y conseguir ganar la elección, ahora se van al gabinete: Alfonso Durazo, electo por Sonora, será secretario de Seguridad Pública; Rocío Nahle, electa por Veracruz, será secretaria de Energía; Javier May Rodríguez, electo por Tabasco, será subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural y Territorial. O, como en el caso de Zoé Robledo, que será subsecretario de Gobernación.
Por lo que toca a Sánchez Cordero, Durazo y Nahle, no hay engaño. Desde diciembre, al iniciar la precampaña presidencial y aun antes de que fueran confirmados candidatos, López Obrador los había anunciado como miembros del gabinete. La estrategia era pues, idéntica a la de “Juanito”, al postularlos para un cargo, pero con la oferta de que ocuparían otro.
En los demás, simplemente nadie dijo “agua va”.
Naturalmente, el bono electoral que tiene López Obrador y el desprestigio de su oposición, son condiciones que le permiten hacer casi cualquier cosa sin el menor cuestionamiento. En el fondo, se trata de un engaño, un maniobrerismo que contraviene el mantra morenista “no mentir, no robar, no traicionar”, aun antes de asumir posiciones, pues en muchos de estos casos hubo ofertas y compromisos al electorado que los eligió y que no concretarán.
Fuente: proceso.com
