Guatemala no es el único país latinoamericano en el que altos cargos están involucrados en escándalos de corrupción.
Sin embargo, el histórico desafuero y renuncia del Presidente Otto Pérez Molina podrían marcar la pauta sobre la impartición de justicia en otras latitudes.
Por ejemplo, en Honduras, el Presidente Juan Orlando Hernández ha admitido que, presuntamente sin saber, durante su campaña electoral de 2013 recibió fondos de empresas señaladas por corrupción.
Por si fuera poco, la vicepresidenta del Congreso y otras 15 personas cumplen arresto domiciliario desde julio por sobrefacturar medicamentos en el Seguro Social hondureño.
La indignación social ha obligado a Hernández a prometer que instalará una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la que opera en Guatemala.
Los ex Presidentes Francisco Flores en El Salvador y Ricardo Martinelli en Panamá tienen también causas pendientes ante la justicia por desvíos millonarios.
Martinelli, de hecho, está refugiado en Miami desde enero, luego de que la Corte Suprema lo desaforara.
En Brasil, la corrupción ha salpicado hasta al popular ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la fiscalía ha abierto un proceso formal por tráfico de influencias a favor de la constructora brasileña Odebrecht.
Además, la denuncia de una red de moches al interior de la petrolera Petrobras ya forzó la detención del ex líder petista José Dirceu, y la imputación formal de los líderes congresistas Eduardo Cunha y Renan Calheiros.
La presión por investigaciones imparciales también podría alcanzar a Chile y México.
En el primer caso, por la sospecha de tráfico de influencias del hijo de la Mandataria Michelle Bachelet, y en el segundo, por el conflicto de interés al que pudo incurrir el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y el Secretario de Hacienda en la adquisición de dos inmuebles.
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